Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está vigente la disposición 415

Avance en materia de protección y prevención contra incendios y explosiones 

La disposición 415 del Gobierno de la Ciudad aplica a todos los locales que posean una instalación y establece que el propietario de un local que tenga una IFCI (instalación fija contra incendios) deberá poseer un plano esquemático de la instalación, un libro de actas, un certificado de operatividad y realizar el mantenimiento periódico de la instalación de acuerdo con las normas IRAM 3501 y 3546. A su vez, se crea un Registro de Empresas Mantenedoras autorizadas a realizar los trabajos sobre las instalaciones.

La promulgación de la disposición 415 de 2011 de la Ciudad de Buenos Aires representará un antes y un después en materia de protección y prevención de las instalaciones fijas contra incendios (IFCI). A entender del ingeniero en Seguridad ambiental Emilio Romano, experto técnico de COPIME (Consejo de Ingeniería Mecánica y Electricista) y perito judicial, a partir de la sanción de la normativa, todos los actores involucrados en materia de IFCI –autoridades de aplicación, ingenieros matriculados a través de las direcciones técnicas de todas las empresas registradas en instalaciones nuevas y existentes, especializados en Agua, Gases, Polvo y Detección; personal capacitado de las compañías; firmas de seguros y aseguradoras de riesgo del trabajo– dispondrán de un sistema para lograr aumentar la prevención y protección de los usuarios y consumidores.

“Es una oportunidad técnica de incorporación y aplicación futura por todas las autoridades de aplicación municipales y provinciales del país, porque la norma fue redactada con aportes técnicos y experiencias de primer nivel nacional e internacional por quienes investigan, diseñan, instalan, desarrollan, supervisan y mantienen IFCI en nuestro país”, explicó el experto.

Desde su punto de vista, la disposición porteña “es una propuesta superadora a las existentes hasta ahora”, pues surge de una combinación de las prácticas seguras, como las desarrolladas en las cuatrocientas guías de la National Fire Protection Association, organización estadounidense normalizadora sin fines de lucro, creada en 1896, y de las normas técnicas voluntarias de la Argentina emitidas en los comités multisectoriales en el Instituto de Normalización IRAM.

La medida cumple, además, con la función de mejorar los atrasos existentes en el Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, promulgados en 1943, que se encuentran pendientes de modificación y adecuación a una ciudad moderna donde la seguridad de las instalaciones y el ambiente son dos principios básicos para lograr inversiones y mejor calidad de vida para los vecinos.

La disposición apunta, a su vez, a cumplir técnicamente con diversas normas nacionales, como la Ley 19.587, el decreto 351/79, la Ley 13.660 y las normas  seguras emanadas del Enre y el Enargas en materia de seguridad contra incendio, entre otras.

Seguridad

Desde la óptica del ingeniero Romano, la norma regula una cuestión de seguridad fundamental, que ha generado cientos de víctimas en los últimos 60 años a nivel nacional e internacional, con catástrofes como la del geriátrico Saint Emilien y la de la discoteca República Cromañón en la Ciudad de Buenos Aires, y la del shopping de Bolaños en Paraguay, entre muchas otras.

“Es superadora de todas las reglamentaciones anteriores, porque al utilizar las normas IRAM 3501 de ‘Certificación de IFCI’ en instalaciones nuevas y la norma 3546  de ‘Servicio de mantenimiento de instalaciones fijas contra incendios’ para instalaciones existentes, pone la cuestión a un nivel de excelencia técnica de protección”, señaló el ingeniero Romano.

La disposición 415 creó un registro público de empresas especializadas en sistemas basados en agua, en gases limpios, en espumas, en detección y en instalaciones con polvos específicos según el riesgo.

Las compañías registradas, que figuran en el sitio web de la Dirección de Protección al Consumidor, deben poseer herramientas, equipamiento de verificación validado –algunos por su complejidad– con laboratorios tanto internos como externos para el control de todos los componentes críticos, así como la verificación de la eficiencia por curvas de salas de motobombas, la seguridad de aperturas de rociadores nuevos o instalados, el accionamiento seguro de los cilindros que contienen gases de extinción en un centro de cómputos o en un aeropuerto, control de sistemas de detectores de humo, fuego, y sistemas de evacuación y emergencia.

“Esta norma permite verificar, auditar, corregir, adecuar y poder evaluar si los sistemas ya instalados están ‘operativos’ para su utilización inmediata en momentos tan graves y riesgosos como son los incendios, las explosiones y derrumbes”, destacó Romano.

Beneficiarios

Desde 1908, con las primeras disposiciones emanadas dentro de la ex Municipalidad de Buenos Aires, pasando por el Código de Edificación de 1943 y las sucesivas adendas introducidas, las normas siempre iban detrás de la prevención o protección contra incendio a partir de catástrofes, sin utilizar herramientas, como las normas técnicas voluntarias que en algunos casos se adecuan cada cuatro años, sin tener que modificar el propio Código, con el riesgo de actuar a posteriori de la existencia de daños y muertos, cuestionó Romano.

“No existe ninguna otra ley, decreto, resolución o disposición que se adecue con el máximo de seguridad contra incendio posible o estimule crear condiciones seguras en instalaciones nuevas como lo establecido por esta nueva disposición”, resaltó el especialista.

La norma IRAM 3501 normaliza la gestión de la ingeniería contra incendio, y por ende introduce condiciones y productos seguros. La guía NFPA 101 “Código de Seguridad Humana” le permite al diseñador contar con condiciones de análisis previo, tanto de instalaciones nuevas como para las existentes –de acuerdo con la norma IRAM 3546–,
y determina cuáles serían los presupuestos mínimos de control para este tipo de instalaciones.

Para la autoridad de aplicación el área Fuego es una herramienta de control moderna, por ese motivo la misma es equivalente a la que utilizan los países más avanzados en protección contra incendio, como Suecia, Alemania, Australia, Israel, Estados Unidos, España, Colombia, Chile y México.

“Para los usuarios y consumidores, este sistema les asegura a través de la responsabilidad de la dirección técnica (por la firma de certificados anuales de operatividad de las empresas involucradas) que las instalaciones son seguras y con operatividad inmediata”, explicó el experto del COPIME. “En tanto que a las compañías de seguros les permite mejorar también el control preventivo de las instalaciones aseguradas”, completó.

A su vez –añadió–, permite que las municipalidades de toda la Argentina adopten y adecuen este sistema que determina técnicamente la disposición 415, ya que poseen escasos técnicos y presentan deficiencias en sus códigos de construcción o de edificación por la complejidad de la protección y prevención contra incendio.

“Los inversores, en conjunto con sus aseguradores, claramente pueden determinar si sus instalaciones nuevas o existentes cumplen con estándares internacionales tan importantes cuando se evalúan la fusión, la unión o la compra de empresas”, afirmó el ingeniero Romano.

El nuevo esquema es clave para los peritos auxiliares de la Justicia, que evalúan las causas probables de más de 1.000 incendios denunciados anualmente sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Los liquidadores de siniestros de incendio obtienen una forma técnica, comprobable, que permite verificar si las condiciones de los hidrantes, de las instalaciones de rociadores, de las salas de motobombas son seguras y aptas operativamente antes de un incendio probable. Esto permitirá el control permanente de instalaciones riesgosas no evaluadas previamente al contrato de los seguros”, destacó Romano.

En definitiva, según la visión del experto, el desafío actual es que las empresas registradas trabajen en profesionalizar desde la dirección técnica certificando las habilidades de los mantenedores y auditores internos, y validando a través de ensayos y testeos a los proveedores del sector.

“Es imprescindible que los propietarios de las instalaciones fijas –por su responsabilidad civil y penal– también exijan anualmente que las empresas registradas cumplan con el mantenimiento y con las condiciones técnicas en obras nuevas, tanto en el uso como en la actividad a desarrollar bajo la norma IRAM 3501, y en caso de una instalación existente, aplicando la norma IRAM 3546”, concluyó el especialista. ℗

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